Ciudadanos, abogados, transparencia y acción popular

El día 5 de enero el abogado miembro del Comité Ejecutivo de TRANSPARENCIA INTERNACIONAL ESPAÑA, Beltrán Gambier, publicó en EL CORREO un esclarecedor artículo sobre las actividades de su asociación en relación con los Ayuntamientos, en el que estimulaba a los ciudadanos a utilizar las vías de información, sobre las administraciones públicas, que la batalla por la transparencia y contra la corrupción va dando como frutos.

Es patente que esa sigue siendo una materia esencial en la calidad de nuestra democracia que está permanentemente presente, sin que hayamos alcanzado todavía lo que podríamos considerar una solución.

Desde luego, solamente con presión de la sociedad civil no parece que sea suficiente para revertir la frecuencia con que ciertos políticos y empresarios se dejan llevar por la tentación de usar el dinero de todos de forma corrupta. Hacen falta instrumentos legislativos con las estructuras para convertir esas conductas en testimoniales y, desde luego, en permanentemente obstaculizadas, investigadas, perseguidas y castigadas. Las cuatro cosas. Que son distintas, todas imprescindibles y complementarias.

Entre las leyes que obstaculicen esas conductas hay toda una panoplia variopinta, desde resolver adecuadamente la financiación de los entes locales, hasta la potenciación de procedimientos e instituciones de control: concursos públicos en toda contratación; severa revisión de la legislación urbanística para evitar que la recalificación sea un sistema arbitrario de repartir plusvalías; reforzamiento de las funciones y de la independencia de los Interventores; etc.… No pretendo hacer ahora una lista, sino solo destacar que esa vocación legislativa debe ser abordada sin descanso, pues de su éxito depende construir un sistema en el que la corrupción sea simplemente algo sumamente difícil. La transparencia de las administraciones públicas es una condición para lograrlo, tan imprescindible como el aire para respirar.

Entre las actividades para la investigación de esas conductas surgen ya dos niveles, perfectamente diferenciados. De un lado se encuentran las instituciones del Estado que tienen como función investigar todo delito: los cuerpos de seguridad, la Fiscalía y los Juzgados de Instrucción. Y de otro lado está la sociedad civil, con asociaciones o con iniciativas particulares, cada vez más eficientes por la difusión masiva que facilitan la sociedad de la información y las tecnologías actuales, que se dediquen regularmente o por hechos puntuales, a la averiguación de conductas corruptas y a su investigación. En este campo nadie en sus cabales ha planteado la posibilidad de restringir o prohibir legislativamente las iniciativas particulares en beneficio de una especie de “monopolio investigador” de los órganos públicos. Y de nuevo, la transparencia en las administraciones públicas y en las empresas, constituye el substrato imprescindible para que esas actividades investigadoras de la sociedad civil resulten eficientes y relevantes.

Paso, deliberadamente, a la última tarea de las cuatro: castigar estas conductas, que sí constituye y debe seguir constituyendo un monopolio público tanto en la promulgación de las leyes que tipifiquen faltas y delitos e impongan las sanciones, tarea exclusiva del Parlamento democrático, como en la imposición de las sanciones y penas, que solo corresponde a los Tribunales, previo juicio con todas las garantías. En esto podemos aceptar que, a salvo de las siempre necesarias adaptaciones y perfeccionamientos, nuestro sistema legal sancionador y nuestra organización judicial deben reconocerse como entre los más depurados, eficaces y serios del mundo.

Y termino con la tercera tarea, la de perseguir estas conductas, que es a cuenta de la que me he permitido escribir estas líneas y enmendar (en realidad complementar) el título del artículo de Beltrán Gambier. Clásicamente se entiende que la persecución de los delitos corresponde a quien ejercita la acción penal contra los presuntos autores, es decir, a quien presenta la querella, que provoca que los Tribunales tramiten el juicio y dicten sentencia. La participación de los particulares en esta tarea es tradicionalmente mucho más intensa y decisiva en España que en otros países. Y ahora, sorprendentemente, estamos asistiendo a propuestas, del ministro Caamaño entre otros, de eliminar esa facultad de los particulares y pasarnos al sistema de monopolio público, en el que solo el Ministerio Fiscal pueda presentar querellas que inicien procesos criminales.

Beltrán Gambier y yo mismo somos miembros de la asociación de Abogados SCEVOLA, en la que algunos nos hemos posicionado recientemente en contra de esta “novedad”. Puede consultarse el texto y sus motivaciones en el enlace http://www.diariojuridico.com/opinion/instruccion-penal-del-ministerio-fiscal.html . Una de ellas es que “De hecho, el ejercicio de la acción popular ha sido decisivo en la contemporánea historia de España para la persecución procesal y posterior sentencia condenatoria de hechos delictivos graves cometidos por personas política y económicamente poderosas.”. En la mente de todos están esos notorios casos en los que el Ministerio Fiscal se negó a acusar y que la condena solamente fue posible por la acusación particular o popular.

Pero ahora, lo que interesa es destacar una conclusión, claramente incontestable: si convenimos, con TRANSPARENCIA INTERNACIONAL en que la lucha por la transparencia en nuestras administraciones públicas es una prioridad en el perfeccionamiento de nuestra democracia y en la lucha decidida contra la corrupción, la defensa del mantenimiento de la acción penal popular en nuestro Derecho es una exigencia sistémica, que no podemos dejar de defender y respecto de la que no debemos contemporizar con intentos de su eliminación o limitación. Lo contrario sería simple e injustificable incoherencia.

Madrid, 12 de enero de 2011

Javier Cons García
Abogado
Miembro de la Junta Directiva de
SCEVOLA, Asociación por la Calidad y la Ética en la Abogacía

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